Es de extrañar que el Gobernador Luis Fortuño hable de un proyecto de $350 millones como una fase de transición del petróleo hacia energías renovables. ¿Es realmente necesaria una transición? ¿No se podría aplicar esa inversión al desarrollo de las energías renovables en la Isla, aprovechando su excelente situación y clima para el desarrollo de energías 100% limpias como la solar, eólica, y mareomotriz?
No hay duda de que el gas natural tiene grandes ventajas con respecto a combustibles fósiles como el petróleo o el carbón: su combustión esta exenta de agentes contaminantes, la calidad del producto final es mayor, no provoca corrosión en las instalaciones, no se pierde combustible en su transporte, no se necesita personal especializado para controlar su conducción, y la materia prima es más barata. Sin duda un ahorro para las empresas y una disminución de la contaminación.
Pero no se engañen. La construcción de un gaseoducto en Puerto Rico no va a reducir los costes en energía a corto plazo, y mucho menos lo van a notar los ciudadanos en la factura mensual de la energía eléctrica. ¿Por qué lo se? Porque vivo en España, un país que en el 2000 el gas natural constituía un 12.2% de la energía primaria, y en 2012 constituirá un 23.5%, y en el que el precio de la energía se ha multiplicado exponencialmente durante ese periodo, pese a la reducción porcentual relativa del uso de combustibles más caros como el petróleo.
Y éste es un país que tiene un mercado liberalizado. ¿Qué deberían esperar de un régimen monopolístico como el que tiene la AEE de la Isla? Evidentemente, el costo de la generación disminuirá cuando se amortice la construcción del gaseoducto (si es que el costo del gas natural se mantiene por debajo del petroóeo para entonces) pero, ¿trasladará la empresa generadora esa reducción de costes a los clientes en un mercado de competencia monopolística? Permítanme dudarlo.
Por suerte o por desgracia para la Isla, Puerto Rico no es uno de los países firmantes del Protocolo de Kyoto, por lo que no paga por emitir dióxido de carbono a la atmosfera como los países firmantes, y por tanto, el cambio de petróleo a gas natural o energías renovables no constituirá ningún ahorro a corto plazo para la economía de la Isla y su Gobierno.
Sin embargo, si miran más allá de la factura mensual, el gas natural y el gaseoducto pueden traer a corto y largo plazo beneficios de distinta índole: generación de empleos, disminución de la contaminación, descenso de dependencia del petróleo, uso del gaseoducto de transporte como base para gaseoductos de distribución directamente a familias.
Entre los contras al proyecto podemos mencionar su elevado coste (comparativamente, el costo de un gaseoducto bidireccional España-Francia de 318 km. esta estimado en aprox. $200 mill.); el costo puede poner al país en una situación económica delicada en estos tiempos, y frena la inversión en energías renovables; el daño ambiental que puede causar la construcción sobre las zonas kársticas de la isla; y el refuerzo de la posición monopolística de la AEE.
En cuanto a las garantías de seguridad del proyecto, si bien nunca se puede garantizar al 100% la fiabilidad de una instalación que transporta productos inflamables, los gaseoductos han sido históricamente instalaciones con un índice de siniestralidad muy bajo, concentrándose (al menos en España) los incidentes durante el período de construcción. Incidentes graves como el de San Bruno (California) se han producido por negligencias personales. Una adecuada vigilancia y medidas de seguridad apropiadas reducen el riesgo de incidentes al mínimo. Asimismo, el hecho de que el gaseoducto sea de transporte y no de distribución a hogares disminuye todavía más el temor de una posible explosión en lugares habitados, y la consiguiente perdida de vidas humanas.
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Aquí están los datos. La decisión está en sus manos (o en las de Fortuño).
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