¿Ilegal o no la privatización de la UPR?

La semana pasada el Gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño, como parte de su campaña mediática para justificar la incursión de la policía a la Universidad de Puerto Rico, hizo una serie de expresiones en donde expuso que su administración no podía privatizar la Universidad por estar protegida por una ley especial.

Sin embargo, una investigación de Qiibo ha encontrado ciertas prácticas a lo largo y ancho de la nación estadounidense donde los Estados han privatizado sus universidades públicas parcialmente y otros han intentado hacerlo totalmente.

Para entender el planteamiento del Gobernador, nos transportamos a donde todo comenzó, al año 1890. Es aquí donde el Congreso de los Estados Unidos pasa el proyecto de ley Morril. Esta pieza legislativa le concedió a los Estados beneficios económicos y auspicio federal para la implementación de las Land Grant Universities. Su propósito era la creación de instituciones de enseñanza para promover la agricultura, tácticas militares y otras disciplinas que después ser ampliarían para incluir los programas académicos de artes liberales entre otros. “Antes de esta ley existían cerca de 1,000 universidades en todos Estados Unidos sirviendo a 160,000 estudiantes en total. La mayoría eran privadas y sumamente elitistas, el land grant abrió la puerta para que mas personas asistieran a la Universidad” , enfatizó Hannah Kaase en una columna para defender la Educación Universitaria pública.

A lo largo de la vigencia de esta ley, se le han hecho una serie de enmiendas permitiéndole, hasta cierto punto, a los estados y territorios mayor independencia en el control de sus universidades públicas. Ese es el caso de Puerto Rico que destina cerca del 10 porciento de su presupuesto operacional a la UPR. No obstante, debido a la recesión económica los recaudos a nivel nacional y por ende los Estados se han montando en esa ola reduccionista y han comenzado a legislar para reasignar fondos a otros propósitos. Uno de las primeros pasos hacia la privatización es el aumento considerable en la matrícula. Aunque no existen modelos de privatización total en los Estados Unidos, ya funcionan híbridos. Ese es el caso de Colorado. Recientemente el periódico universitario The Collegian, detalló que la universidad del Estado, le pidió a la legislatura mayor flexibilidad para poder parear los costos y así aumentar sus ingresos, los legisladores accedieron y para el próximo año los estudiantes recibirán un aumento de cerca del 20% en su matrícula. Esta tendencia se ha dado desde el comienzo de esta década. En el 2004 la revista Business Week detalló que las universidades de 4 años en promedio aumentaron sus matrículas en un 11%, además cada vez las Universidades están batallando para tener mayor independencia fiscal y así no depender de fondos estatales. De hecho, desde el 2005 el sistema universitario público mas antiguo de la nación, la Universidad de Virginia, ha estado proponiendo enmiendas a la ley que lo creó para permitirle mayor independencia y así aumentar sus costos para desligarse de los fondos estatales. Una de las cláusulas que contiene esta enmienda es que si el Estado, por alguna razón, no puede garantizar los fondos que les toca proveer, entonces la Universidad estaría aumentando discrecionalmente la matrícula para parear esos costos.

Esta moda le ha permitido a gobernadores someter propuestas para privatizar sin ningún control estatal. Ese fue el caso de Carolina del Sur, en el 2004 el entonces Gobernador Mark Sanford le propuso a los directivos del sistema universitario público que privatizaría totalmente la Universidad pero en cambio le quitaría todos los fondos estatales que recibe para su operación. Aunque la Junta de Síndicos en Carolina del Sur no actuó sobre esto, se abrió la puerta al debate y se cuestionó si dentro de la Ley Morrill se permite esto. Patrick M. Callan, presidente del Centro Nacional para la Educación Superior en California, recientemente le dijo al Centro Pope que había que preocuparse porque con mayor independencia fiscal a las Universidades estatales estas podrían olvidarse de su compromiso al acceso a las masas.
En este sentido muchos se han planteado que esta nueva ideología se aleja del objetivo principal de las Universidades creadas por la Ley Morril.

Es por eso que no es de sorprender que el Gobierno de Puerto Rico este tomando pasos hacia esa dirección. De hecho, los incrementos en matrícula no vienen de este cuatrienio. El pasado presidente Antonio Garcia Padilla, también utilizó esto como subterfugio y aumentó la matrícula en un 3% anualmente. Además, desde principios de la administración Fortuño se ha comentado tras bastidores la intención de privatizar completamente o en partes el sistema de la UPR. Estas gestiones parecen ser confirmadas por unas reuniones a puerta cerrada con posibles compradores. Recientemente el periodista Jesús Dávila en su artículo Puerto Rico: Intrigas, fraude y violencia en crisis universitaria, develó que el Gobierno optó por guardar silencio los informes de que se han estado llevando a cabo reuniones en Nueva York para gestionar la venta de varios de los recintos de la UPR. De hecho Dávila, detalló que la UPR no ha negado información sobre las reuniones en un bufete neoyorquino y la intervención del Banco Gubernamental de Fomento en las mencionadas negociaciones con compradores potenciales. Y aunque aun se desconoce las posibles enmiendas a la ley universitaria, tanto el Gobernador como la Presidenta de la Junta de Síndicos Ygrí Rivera han anunciado la creación de una nueva ley universitaria para brindarle mayor agilidad a los procesos del sistema.

Ciertamente la retórica utilizada por el Gobernador Luis Fortuño sobre la ilegalidad de privatizar la UPR esta lejos de ser cierta, porque el principio filantrópico y de Buena fe cimentado en la ley que creó las Universidades públicas se sigue esfumando. A lo largo y ancho de la nación se están experimentando con modelos de privatización y aunque aun no existe un modelo completamente privado, Puerto Rico se podría montar en la ola privatizadora y ser el pionero en este ámbito.