[D]eforma Legislativa

[quote]Sixty or seventy men may be more properly trusted with a given degree of power than six or seven… The truth is, that in all cases a certain number at least seems to be necessary to secure the benefits of free consultation and discussion, and to guard against too easy a combination for improper purposes…” — Federalist No. 55[/quote]
Por: Elías C. Quintana Matias para QiiBO.com

El 9 de enero de 2012 el Gobernador de Puerto Rico convirtió en ley la medida que habilita la consulta a los electores sobre la “Reforma Legislativa.” Así, se pone en marcha la última etapa del mecanismo de enmienda constitucional. El propósito declarado de la enmienda sería “tener una Asamblea Legislativa más pequeña, menos costosa y más eficiente,” según palabras del mismo Luis Fortuño.

La nueva legislatura, de aprobarse la enmienda, contará con 11 senadores por distrito y 33 representantes por distrito. Los senadores y representantes por acumulación se reducirán a 6 por cuerpo. El nuevo diseño legislativo entraría en funciones a partir de las elecciones generales de 2016.

Ante el descontento con ell alto costo que representa para el país la Asamblea Legislativa, la insatisfacción con los privilegios de sus miembros, y las pobres ejecutorias públicas por la cual se le conoce a muchos de ellos, es entendible que se enarbole la bandera de la reducción (que no es reforma) legislativa como la solución a esos problemas. Sin embargo, no podemos dejar que la indignación hacia la Legislatura nos distraiga. Creo que la Legislatura misma ha entrado en el juego de sacarle partido a la indignación. En tono condescendiente dicen que están presentando esta medida porque “el pueblo lo exige.” Pero a nombre de que “el pueblo lo pide,” se excluyen de la discusión pública aspectos fundamentales del problema, que este proyecto no solo no trata, sino que agrava. Se trata de una propuesta carente de profundidad que pone en peligro lo democrático que pudiera quedarle a nuestro sistema de representación electiva. Quisiera pensar que por falta de consideración y no por mala intención, lo que denotaría un problema más grave; la codicia del poder. A continuación, mencionaré algunas reservas que tengo con la enmienda consitucional propuesta:

I. La reducción en el número de legisladores le resta representatividad a la Asamblea Legislativa

Comencemos la discusión con una pregunta. ¿Para qué tenemos legisladores? Y específicamente, ¿para qué tenemos representantes por distrito? Digo, como mínimo, uno espera que los representantes y senadores por distrito conozcan los problemas y retos que enfrentan las comunidades a las que representan. Que vayan a las urbanizaciones, campos o barriadas, grandes o pequeñas, donde habitan sus constituyentes. Que se familiaricen con los procesos que se llevan a cabo allí, y puedan contestar preguntas sobre ellos. En fin, que conozcan los deseos de esas familias y esos vecinos, que por nuestro diseño gubernamental defectuoso no pueden tomar decisiones sobre sus propias comunidades, y que los canalicen. ¿Cuando fue la última vez que su representante o senador fue a visitar su comunidad? ¿Que apareció a interiorizarce sobre lo que allí pasa? Tal vez este año aparece, porque es año electoral y hay que ir a pedir el voto.

En Puerto Rico actualmente tenemos, aproximadamente y a nivel de distritos, un representante por cada 92,500 habitantes; y un senador por cada 230,000 habitantes. Así las cosas el propio Secretario de Estado y pasado Presidente del Senado, Kenneth McClintock, admitió que la accesibilidad física es mínima y que la ha dado de baja en favor de que los “medios sociales resuelv[an]”.

La enmienda constitucional propuesta añadiría la representación de cerca de 20,000 habitantes más por representante. Las comunidades en las que habitan esas 20,000 personas tendrían que entrar a competir por la atención y el tiempo del representante. Bienes, que como sabemos, no suelen ser muy abundantes en primer lugar. En el caso de los senadores, cerca de 116,000 habitantes más por cada senador sufrirían el mismo predicamento.

Las voces que plantean que los medios sociales serán suficientes para cerrar la brecha no toman en cuenta varios asuntos. En primer lugar, salvo contadas y honrosas excepciones, los legisladores no han adoptado los medios sociales como un lugar de interacción con el público. Abundan los ‘bots’ y los que se creen que un medio social es la extensión del buzón donde suelen dejar volantes. En segundo lugar, ¿se creará un régimen o código que asegure un uso uniforme de los medios sociales por parte de cada legislador, o se dejará por la libre? Si en ningún lugar se le exige a un representante o senador que priorice los medios sociales, no lo va a hacer. En tercer lugar, ¿qué cantidad de staff tendrán que contratar para tratar con el aumento en volumen de comunicación que implica tener más representados? Es a estos niveles y contestan poco y nada. No guardo muchas esperanzas de que teniendo que atender a más personas lo hagan. Finalmente, esa propuesta es excluyente. No toma en cuenta que nos encontramos en un territorio donde, de acuerdo a los últimos números disponibles, el acceso a internet, comparado con los EE.UU. continentales es marcadamente más bajo; ni que hay un sector de la población que no domina el uso y manejo de los medios sociales, pero que tiene el mismo derecho a tener acceso a sus representantes. Y lo cierto es, que hay cosas que simplemente no son transmisibles a través de los medios sociales. El contacto humano no tiene sustituto. Si es bueno para ir a pedir el voto, también debe ser bueno para hacer el trabajo para el cual te eligieron.

Pero parece que si ahora usted ve poco a sus legisladores de distrito; pronto no espere siquiera que sepan que lo representan.

II. La reducción en el número de escaños legislativos es excluyente hacia las nuevas opciones políticas

Cualquier persona que haya estado involucrada en un proyecto político alternativo conoce de lo difícil que es ganar acceso a la papeleta en Puerto Rico. Si piensa que es arduo y difícil recoger endosos y convencer a un pueblo cada vez más jaded hacia el proceso político para que apoye nuevas opciones electorales, lograr la elección como candidato de un partido minoritario es aún más difícil. El sistema electoral puertorriqueño, de distritos con un miembro único, es profundamente distorsivo de la voluntad de los electores. Considere, a manera de ejemplo ¿por qué alguien que “gana” un distrito con una pluralidad del 49% de los votos, lo cual ni siquera es una mayoría, obtiene el 100% de la representación para el mismo? ¿No hay en ese distrito una mayoría que no lo quiere? Los sistemas electorales no son naturales. Se pueden cambiar. ¿Le interesaría? Plantéeselo. Cuestione.

Esto nos lleva a que la única puerta apenas entreabierta que encuentran los nuevos movimientos políticos son los escaños por acumulación; el único resquicio de representación con algún grado de proporcionalidad. Es común que los partidos minoritarios postulen un solo candidato por acumulación en cada cuerpo, de modo que este tenga oportunidad de salir electo cosechando votos de todos los adherentes al proyecto político a lo largo y ancho de la Isla. ¿Acaso los simpatizantes de una posición minoritaria no merecen representación por el mero hecho de estar distribuidos por toda la Isla, y no vivir todos en un solo distrito en el que sean pluralidad? La enmienda constitucional propuesta destruiría en la práctica esa oportunidad, profundamente democrática, de que nuevas plataformas accedan a la Asamblea Legislativa.

Ya se sabe que los partidos políticos nuevos y/o minoritarios compiten con los partidos tradicionales en condiciones de desigualdad brutales. Esto es así tanto por lo distorsivo del sistema electoral, como se mencionó en el primer párrafo, como por la desigualdad en recursos económicos, humanos, y la cantidad de esfuerzo que requiere levantar una infraestructura organizacional que pueda competir con maquinarias políticas aceitadas durante décadas. Pues bien, de aprobarse la enmienda constitucional propuesta, sepa que se añadirá un obstáculo más. Al haber un menor número de escaños por acumulación en juego (se reducen de 11 por cuerpo a solo 6), se incrementa dramáticamente la cantidad mínima de votos que debe lograr un candidato para llegar a ocupar un escaño. En esa competencia, sabemos quienes corren con ventaja, comenzando por los incumbentes. Lo menos que necesitaría la maltrecha democracia puertorriqueña es que se siga “acomodando la baraja” para darle una ventaja indebida a los partidos tradicionales. Si usted tiene un edificio lleno de cachivaches que quiere sacar, ¿tumba una pared para sacarlos más fácilmente, o al contrario, tapia la mitad de la puerta y la hace más pequeña?

III. La enmienda, según planteada, no garantiza que se reduzca la cantidad de dinero usada por la Legislatura

La ley habilitadora del reférendum hace referencia a la Resolución Concurrente del Senado Núm. 35 respecto al destino de las economías que se alcancen como parte de la reducción de escaños. Veamos, pues, que dispone en lo relevante dicha resolución concurrente:

[quote][T]oda economía que se genere por virtud de la reducción de escaños legislativos no revertirá al presupuesto de gastos operacionales de la Asamblea Legislativa, sino que será destinada a beneficio del pueblo de Puerto Rico mediante la creación, condicional a la aprobación de la propuesta de enmienda, de un Fondo especial distribuido por la Asamblea Legislativa en partes iguales por cada Cámara destinado para el pago de servicios educativos y de salud para jóvenes en estado de necesidad e indigencia y para el pago de obligaciones salariales y laborales a los miembros de la Policía de Puerto Rico sujeto, al escrutinio y auditoría de dichos fondos.”[/quote]

 

La directriz respecto al uso de los fondos economizados especifica que no revertirán al presupuesto de gastos operacionales de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, aunque contiene lineamientos generales sobre el uso que se les dará (salarios de policías y servicios de salud y educativos), este uso se canaliza a través de un “fondo especial” que será distribuido por la misma Asamblea Legislativa.
Me causa un poco de incomodidad que la Legislatura mantiene discreción sobre la distribución del fondo. Sabemos que esa es la sangre de las redes clientelares, y suena sospechosamente a ese ron que hacen en Bayamón, del cual alguna vez dijeron “no vuelvo a beber” pero del que viven borrachos.

¿Por qué no asignar los fondos a programas específicos de los departamentos de salud o educación, o a la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué el empeño en mantener el control de los mismos? Aún mas preocupante es que el uso declarado para esos fondos no tendrá rango constitucional. Por lo cual nada impide que al otro día aprueben legislación para dedicar los ahorros a otros fines. ¿Alguien recuerda lo que pasó con los fondos del IVU?

IV. La reducción en el número de legisladores concentra el poder en menos manos

Uno de los principios orientadores de nuestro sistema político es la idea de que se debe evitar la concentración del poder. El sistema político de EE.UU., a base del cual se halla modelado el local, atiende a idénticas preocupaciones. Los Padres Fundadores reconocían que si bien una Asamblea Legislativa no podía ser tan excesivamente grande que imposibilitara mantener el orden en los trabajos, tampoco era saludable reducir el número de legisladores al punto que cada uno de estos ejerciera un excesivo poder e influencia y que pudieran conspirar fácilmente contra el pueblo. Precisamente para ilustrar ese principio escogí el epígrafe que encabeza este artículo.

Recordemos que durante la campaña que precedió al defectuoso referéndum sobre la unicameralidad, la oposición a la propuesta levantó el argumento de la concentración de poder como un punto en contra de esa opción. La historia reciente de Puerto Rico está llena de ejemplos de por qué esto no es deseable. Tomemos en cuenta el triste y terrible caso de Jorge de Castro Font y su etapa frente a la Comisión de Reglas y Calendario, cuando abusando de su acceso al poder bloqueaba y liberaba el camino de piezas legislativas, siempre al mejor postor. O las posturas del Presidente del Senado cerrando el acceso público a las sesiones del Senado. ¿Realmente deseamos darle mayor poder a ese tipo de legisladores? Y por otro lado, del lado de las minorías ¿queremos que haya menos personas allá adentro que puedan de alguna manera u otra fiscalizar y hacerle frente a las figuras de dudosa reputación? De aprobar la enmienda constitucional propuesta, eso es lo que estaríamos refrendando.

V. Una verdadera Reforma Legislativa incluiría instrumentos vinculantes de rendición de cuentas

Mencionados algunos de los problemas con la propuesta actual de Reforma Legislativa, cabe señalar por qué es irrelevante para resolver el problema actual de la legislatura, a la vez que causa y/o exacerba otros. Voy a señalar además, algunas propuestas que como electores debemos considerar para mejorar la calidad de los legisladores.

El esquema constitucional de Puerto Rico se basa en la ficción de que los funcionarios que elegimos a través del sufragio universal y secreto de alguna manera nos representan. ¿Cómo nos representan? Se han planteado varias teorías, pero para fines de este artículo es suficiente con que mencionemos dos de las vertientes principales. Una de estas postula que los representantes, una vez electos, pueden usar su discreción para tomar decisiones en el curso de sus funciones. Uno los elige porque confía en su buen juicio y capacidad de tomar decisiones acertadas, aunque estas tengan que por necesidad desviarse de los planes planteados al electorado en un momento dado. Otra visión es que los representantes son meros delegados que van a ejecutar un plan de gobierno previamente presentado a los electores, sin discreción a desviarse del mismo.

No importa a que modelo un adhiera, para que un sistema representativo funcione según se ha diseñado, es importante que exista algún grado de “accountability” del representante para con sus constituyentes. Bien sea para que este rinda cuentas sobre por qué se desvió del programa anunciado y justifique que su decisión fue la mejor a la luz de las circunstancias, o para que informe sobre el resultado de sus esfuerzos empujando la ejecución de la agenda sobre la cual fue electo. ¿Cuándo fue la última vez que su representante o senador convocó una reunión con el público para rendir cuentas?

La queja principal de los electores sigue siendo la (real o percibida) pobre calidad de los legisladores. Simplement NO estamos satisfechos. Algunos políticos, cínicamente, nos recriminan qué hacemos como electores para asegurarnos de elegir buenos candidatos. Si bien es cierto que debemos prestar mayor atención a las personas que elegimos. También es cierto que las palabras se las lleva el viento. Un candidato nuevo podrá decir lo que sea, y exponer grandes ideas, pero no es garantía de que luego las lleve a cabo. En la pista se ven los caballos. La mejor forma de juzgar a un político es por su ejecutoria; pero una vez electo, nos encontramos más o menos indefensos ante él hasta que termine el cuatrienio. Como este gobierno es adepto a las comparaciones con la empresa privada, voy a echar mano de una. A usted, en su lugar de trabajo lo evalúan. Sus superiores, mediante instrumentos a esos fines, si es empleado; o el mercado, si es su propio jefe. Si usted tiene un negocio y contrata un gerente que empieza a tomar malas decisiones, ¿espera cuatro años, cuando ya le ha fundido el negocio, para cambiarlo? ¿Se queda a su merced todo ese tiempo? Y entonces, ¿por qué no pueden rendir cuentas los legisladores?

Estamos pasados de tiempo para adoptar medidas al respecto. En primer lugar, deberíamos tener algún tipo de proceso revocatorio para las posiciones electivas. Podemos discutir los específicos del mismo más adelante, pero es justo y necesario que podamos ponerle freno a los desmanes antes de que se agraven. En segundo lugar, tendríamos que requerirle a los legisladores que se presenten periódicamente ante sus constituyentes e informen sobre su obra, a manera de ‘town hall meeting’. Que tomen preguntas, que aguanten cuestionamientos. No puede ser que vivan en sus oficinas, insulados de la realidad, convocando a la Fuerza de Choque para protegerlos cuando se burlan de nosotros. En tercer lugar, es tiempo de ir buscando mecanismos que obvien la discreción del legislador y que lleven las decisiones a nivel de la comunidad. A manera de ejemplo, en países como Argentina y Brasil ya hay disposiciones donde se asigna una proporción del presupuesto que la distribuye la misma comunidad en proyectos que ellos quieren y necesitan. Terminemos con las canchas bajo techo en cada barrio que terminan convertidas en punto de drogas. Que los que viven ahí decidan qué se construye, o si en vez de construir algo quieren invertir el dinero en establecer programas de deportes, de educación, etc. En quinto lugar, el electorado debe reservarse “la opción atómica”. Me refiero al poder de originar, someter a referéndum y en caso de aprobarse en las urnas, promulgar una legislación aún en contra de la voluntad expresa de la Asamblea Legislativa; al estilo de las proposiciones norteamericanas y los referendos suizos.

Como ven, el tema es amplio y denso. No tengo las respuestas, pero espero haberles causado unas cuantas preguntas. Quiero que me discutan, que me digan que estoy mal y por qué. Pero por sobre todo que se pregunten qué le gustaría tener por Asamblea Legislativa, y… ¿por qué no? Mientras tanto, en lo que articulamos una propuesta coherente y completa, comencemos por evitar que nos agraven el problema bajo la premisa de resolverlo.

crédiitos: Fotos | Willin Rosario [Vocero] | José M Tantao